Movimiento político en el arranque del año
El Gobierno español anunció que presentará este martes en el Consejo de Ministros el inicio de la tramitación de una regularización extraordinaria que podría beneficiar a cerca de medio millón de inmigrantes ilegales en España. La iniciativa, adelantada por Podemos y confirmada por el Ejecutivo, se enmarca en un movimiento político para desbloquear una medida que llevaba meses encallada en el Parlamento.
La propuesta se materializará mediante un real decreto, una vía que permite al Gobierno avanzar sin necesidad de someter la medida a una votación en el Congreso de los Diputados. Según el Ejecutivo, el objetivo es dar seguridad jurídica a una realidad social existente y garantizar derechos básicos a personas que ya viven y trabajan en el país.
Una vía para esquivar el bloqueo político
La regularización extraordinaria parte de una iniciativa legislativa popular respaldada por más de 700.000 firmas, cuya tramitación parlamentaria se encontraba en punto muerto. Aunque su toma en consideración fue apoyada por una amplia mayoría de la Cámara, el Gobierno se enfrentaba a un escenario complejo para sacarla adelante debido a la oposición de la derecha y las dudas de algunos socios parlamentarios.
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En este contexto, el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Podemos permite al Ejecutivo sortear ese bloqueo y recuperar una propuesta que había quedado paralizada. Fuentes gubernamentales señalan que el uso del real decreto responde a la necesidad de dar una respuesta rápida a una situación que afecta a cientos de miles de inmigrantes ilegales en España.
A quién beneficiará la regularización
La medida está dirigida a inmigrantes ilegales en España que puedan acreditar su residencia en el país durante al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025. Para ello, se aceptarán distintos medios de prueba, como el empadronamiento, contratos de alquiler, facturas de suministros, informes médicos o certificados de envío de dinero al extranjero.
Quedarán excluidas de este proceso las personas con antecedentes penales. El plazo para solicitar la regularización se extenderá hasta el 30 de junio, según han detallado fuentes de Podemos y del Ejecutivo.
Suspensión de expulsiones y permisos provisionales
Desde el momento en que se admita a trámite la solicitud, quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión de carácter administrativo que pesen sobre la persona solicitante. Además, se concederá una autorización de residencia provisional que permitirá trabajar de forma legal y acceder a derechos como la asistencia sanitaria.
Si la resolución es favorable, el beneficiario obtendrá un permiso de residencia por un año. Finalizado ese periodo, podrá solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
Reacciones y antecedentes
Podemos ha defendido la iniciativa como una medida de justicia social que busca combatir la explotación laboral y la economía sumergida. Desde la oposición, el Partido Popular y Vox han criticado duramente el anuncio, al considerar que puede generar un efecto llamada y tensionar los servicios públicos.
España ha aprobado procesos similares en el pasado bajo gobiernos tanto del PSOE como del PP. La última gran regularización extraordinaria se produjo en 2005 y benefició a cerca de 580.000 personas. El Ejecutivo sostiene que la iniciativa anunciada ahora se inscribe en esa tradición y responde a un enfoque de política migratoria basado en derechos humanos y cohesión social para los inmigrantes ilegales en España.
