La discusión sobre el salario mínimo no solo fue jurídica y política. También fue contable. Con el aumento del 23% decretado para 2026, el costo real que debían asumir las empresas por cada trabajador superaba ampliamente el valor nominal anunciado.
Aunque el salario mínimo se ubicaba en $1.750.905, más un auxilio de transporte de $249.095, la cifra que realmente salía del presupuesto empresarial era mayor. Al sumar todas las obligaciones laborales, el total mensual ascendía a $2.864.324 por trabajador.
Es decir, el debate alrededor del salario mínimo también impactaba directamente a las empresas, que debían ajustar nómina, flujo de caja y proyecciones financieras.
El desglose completo del costo
El valor base del salario mínimo para 2026 era de $1.750.905. A esto se sumaba el auxilio de transporte por $249.095.
Sin embargo, el costo empresarial incluye otros componentes obligatorios. Entre ellos están las primas de servicios (aproximadamente $166.600 mensuales prorrateados), el aporte a cesantías ($166.600), los intereses a las cesantías (cerca de $20.000) y el pago proporcional de vacaciones ($73.012).
Cuando se agregan estos factores, el costo total mensual por trabajador alcanzaba los $2.864.324.
Visto en conjunto, el salario mínimo no representaba solo el ingreso que recibe el trabajador, sino un paquete completo de obligaciones legales para las empresas.
Qué implicaba para las empresas
Para pequeñas y medianas empresas, un incremento de esta magnitud significaba revisar presupuestos y márgenes de rentabilidad. En sectores intensivos en mano de obra, el impacto podía multiplicarse rápidamente.
En compañías con decenas o cientos de empleados con salario mínimo, el aumento del 23% se traducía en millones adicionales cada mes. Esto obligaba a evaluar ajustes de precios, reducción de costos o reestructuración interna.
Además, gremios empresariales advirtieron que un incremento de esta proporción podría generar efectos en empleo, informalidad e inflación, argumentos que también fueron citados en las demandas contra el decreto.
Lo que cambia tras la suspensión
Con la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto, el panorama quedó en revisión. El Gobierno deberá expedir un nuevo porcentaje transitorio mientras se define el proceso de fondo.
Esto significa que el costo por trabajador podría modificarse dependiendo del nuevo porcentaje que se fije en los próximos días.
Por ahora, las empresas permanecen atentas a la definición oficial, pues de ella depende la estructura de costos laborales para 2026.
