Las restricciones en Cisjordania ya no se limitan a un puesto de control o a una carretera cerrada. Un informe publicado este lunes por la organización israelí de derechos humanos B’Tselem sostiene que la violencia, las barreras de movimiento, la presión económica y el avance territorial actúan como partes de un mismo sistema que debilita la vida colectiva palestina.
La organización llama a ese conjunto “proyecto de eliminación”, una conclusión propia que no equivale a una sentencia judicial. Sin embargo, datos recientes de Naciones Unidas y otro informe conjunto de tres organizaciones israelíes documentan por separado un aumento del desplazamiento, los ataques de colonos y las dificultades para acceder a escuelas, tierras y servicios básicos.
Cinco presiones que se refuerzan
El nuevo documento de B’Tselem agrupa la situación en cinco ámbitos: violencia e intimidación, restricciones de movimiento, estrangulamiento económico, destrucción social y política, y limpieza étnica con apropiación territorial. La tesis central es que estas acciones no ocurren de manera aislada, sino que se refuerzan para fragmentar la presencia palestina, según explicaron la organización y su directora ejecutiva en la cobertura de The Guardian y El País.
La expresión “eliminación” se refiere, en el vocabulario del informe, a la destrucción sostenida de las condiciones que permiten existir como comunidad: territorio, instituciones, vínculos sociales, cultura y horizonte político. EFE señala que el documento sitúa una aceleración desde finales de 2022, mientras B’Tselem remonta el proceso histórico mucho más atrás.
En la práctica, el argumento baja de la política a la rutina. Las restricciones en Cisjordania pueden impedir que una familia llegue al hospital, que un agricultor alcance sus cultivos o que un estudiante mantenga una jornada escolar normal. La organización interpreta esa suma como una política coherente; cada cifra, no obstante, debe leerse con su fuente y periodo.
Los datos que muestran el deterioro
El informe humanitario de OCHA del 11 de septiembre registró más de 1.600 ataques de colonos con víctimas palestinas o daños materiales entre enero y agosto de 2026. El promedio fue de 6,7 incidentes al día, frente a cinco durante 2025, y alcanzó 275 comunidades.
OCHA también informó que más de 4.000 palestinos habían sido desplazados en Cisjordania durante 2026 por demoliciones, desalojos, ataques de colonos y restricciones relacionadas. Más del 60 % de ese desplazamiento palestino estuvo asociado a los ataques de colonos y a las limitaciones de acceso, que la oficina de la ONU identifica como el principal motor del desplazamiento ese año.
Las aulas ofrecen otra medida del impacto. Al comenzar el curso 2026-2027, más de 4.000 estudiantes desplazados de campamentos del norte no podían volver a sus escuelas habituales; además, 84 centros estaban bajo órdenes pendientes de demolición o suspensión de obras. Así, las restricciones en Cisjordania dejan de ser una abstracción cuando alteran recorridos, horarios y servicios para miles de familias.
El territorio cambia detrás de la barrera
Un informe conjunto de Yesh Din, Bimkom y HaMoked, publicado cinco días antes, examinó cuatro casos para describir cómo la expansión de asentamientos, la violencia y la fragmentación territorial presionan a familias, pueblos y regiones enteras. Entre ellos figura la llamada Zona de Separación, donde el acceso palestino a más de 100.000 dunams de tierra agrícola está restringido.
Ahí aparece la conexión decisiva: una barrera no solo alarga un viaje. También puede impedir cultivar, reducir ingresos, dificultar una consulta médica y aumentar la presión para abandonar una comunidad. Esa cadena explica por qué B’Tselem reúne las restricciones en Cisjordania dentro de un único marco, aunque la aceptación de su diagnóstico político siga siendo objeto de disputa.
Las coberturas de Le Monde, The Guardian, EFE y El País recogieron la presentación del informe. Ninguna de las fuentes abiertas consultadas incluyó una respuesta específica del Gobierno israelí a ese documento. Esa ausencia impide atribuirle una réplica que no ha sido localizada, pero no altera los registros independientes de OCHA sobre ataques, demoliciones, desplazamiento y acceso a la educación.
