La educación sexual volvió a entrar de lleno en la discusión política. El representante Miguel Hoyos pidió a la Secretaría Jurídica de la Presidencia dejar sin efecto la resolución que establece la Política Nacional de Educación Sexual y Reproductiva en los colegios del país.
La petición pone en disputa el alcance de una política pública que toca directamente a estudiantes, familias e instituciones educativas. El debate no se centra, por ahora, en un cambio ya decidido: la carta busca que el Gobierno revise y anule la resolución vigente.
Una carta para retirar la resolución
Según informó EL PAÍS, Hoyos dirigió la solicitud al secretario jurídico de la Presidencia y pidió tumbar la norma que fijó la política nacional en materia de educación sexual y reproductiva.
El movimiento abre una nueva controversia alrededor de los contenidos y lineamientos que orientan la formación en los colegios. La solicitud deberá surtir la revisión jurídica correspondiente antes de que exista una decisión oficial sobre la continuidad o eventual retiro de la resolución.
Lo que está en discusión
La medida cuestionada se refiere a una política nacional para la educación sexual y reproductiva. Por eso, una eventual decisión de retirarla no equivaldría automáticamente a modificar cada programa o clase en los planteles: primero tendría que conocerse el alcance jurídico de cualquier decisión que adopte el Gobierno.
Hasta ahora, lo conocido es una petición para anular la resolución; no se ha informado una decisión oficial de Presidencia que ordene retirarla.
El caso se instala en un momento en que las definiciones sobre educación, derechos reproductivos y el papel de las instituciones públicas generan posiciones enfrentadas. La respuesta de la Secretaría Jurídica determinará si la política de educación sexual mantiene su vigencia o entra en un proceso formal de revisión.
