El reciente NOTAM de Estados Unidos sobre Venezuela generó dos pronunciamientos distintos dentro del Gobierno colombiano. La Cancillería emitió un comunicado de carácter técnico en el que cuestiona la falta de coordinación con el Estado venezolano, mientras que el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje más amplio y político sobre la legalidad de la medida y sus implicaciones internacionales.
Ambas declaraciones se refieren al mismo hecho, pero lo abordan desde perspectivas diferentes. El Ministerio de Relaciones Exteriores se concentra en los procedimientos establecidos por la OACI y en la gestión de la información aeronáutica, mientras que Petro plantea consideraciones jurídicas y diplomáticas de mayor alcance sobre el orden internacional.
El contraste evidencia una diferencia en la forma de comunicar la posición del país frente al NOTAM de Estados Unidos sobre Venezuela, sin que esto implique una disputa interna, pero sí una variación clara de enfoque.
La postura técnica de Cancillería
En su comunicado oficial, la Cancillería expresó preocupación por la emisión del NOTAM estadounidense, el cual advierte un riesgo para la aviación civil internacional en la FIR Maiquetía. El Ministerio señaló que, según el Convenio de Chicago y los estándares de la OACI, la información aeronáutica que afecte a un espacio aéreo debe ser gestionada o coordinada con el Estado responsable.
El texto advierte que la coexistencia de un NOTAM emitido por un tercer país sin coordinación con Venezuela puede generar incertidumbre operacional y afectar la claridad y confiabilidad de la información aeronáutica.
Asimismo, Colombia reiteró que América Latina y el Caribe es una zona de paz y que las medidas unilaterales con impacto sobre la seguridad aérea pueden introducir tensiones innecesarias en la región.
La declaración del presidente Petro
Por su parte, el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en el que calificó como “ilegal” un eventual cierre del espacio aéreo venezolano y pidió al secretario general de la OACI convocar una asamblea urgente. También afirmó que no existe autorización del Consejo de Seguridad de la ONU ni del Senado de Estados Unidos para acciones de carácter militar.
Petro instó a las aerolíneas internacionales a no acatar órdenes que considere contrarias a las normas de la OACI y solicitó a la Unión Europea normalizar los vuelos hacia Venezuela. Asimismo, señaló que las aerolíneas colombianas deben cumplir las rutas autorizadas y seguir únicamente las directrices de la OACI o del Gobierno nacional.
El cierre del espacio aéreo de Venezuela es completamente ilegal. La OACI debe reunirse de inmediato.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 30, 2025
El secretario general de la OACI debe convocar de inmediato la Asamblea
No hay autorización del consejo de seguridad de la ONU para acciones militares sobre nuestro vecino.
El…
En su declaración, el presidente vincula el NOTAM de Estados Unidos sobre Venezuela con una preocupación por el respeto al orden jurídico internacional y por la preservación del marco normativo que regula la navegación aérea.
Diferencias de enfoque en la comunicación oficial
Aunque se refieren al mismo hecho, las posiciones de la Cancillería y del presidente Petro muestran diferencias en el enfoque comunicativo. La Cancillería se limita al análisis técnico y a los procedimientos aeronáuticos, mientras que el presidente plantea consideraciones más amplias relacionadas con la legalidad internacional y la política regional.
La variación entre ambos mensajes refleja una descoordinación en la forma de presentar la postura del país, más que un desacuerdo sustantivo. Ambas comunicaciones, sin embargo, coinciden en subrayar la importancia del respeto a las normas internacionales y la necesidad de evitar tensiones en la región.
Implicaciones para la región
El episodio ocurre en un contexto en el que la coordinación aeronáutica es clave para la estabilidad regional. La discusión generada por el NOTAM de Estados Unidos sobre Venezuela resalta la necesidad de procedimientos claros en la emisión de información aeronáutica y de mecanismos de comunicación entre Estados.
El caso reabre el debate sobre la soberanía del espacio aéreo, el papel de la OACI y la importancia de mantener canales de coordinación que garanticen la seguridad operacional.
