La Cámara de Representantes aprobó la ley de sometimiento con 95 votos a favor y 10 en contra, un resultado que deja el proyecto a un paso de convertirse en ley: la sanción presidencial. La decisión llega en un momento en que la seguridad y la respuesta estatal frente a grupos armados ocupan el centro del debate público.
Con este avance, el Gobierno completa el tramo legislativo de una iniciativa que busca fijar las reglas para que estructuras armadas y organizaciones criminales se sometan a la justicia. El texto había superado su primer debate en la Cámara, pero ahora el desenlace cambia el escenario: ya no depende de nuevas votaciones en el Congreso.
La ley de sometimiento queda pendiente únicamente de la firma presidencial para entrar formalmente al ordenamiento jurídico.
Qué aprobó la Cámara
El proyecto plantea un marco de sometimiento para grupos que no tengan reconocimiento político y busca reemplazar el enfoque de negociación que caracterizó la política de paz total del anterior Gobierno. La discusión legislativa estuvo marcada por los plazos: la vigencia de la ley de orden público vencía este 4 de noviembre.
La aprobación de la Cámara ocurre mientras varias regiones enfrentan ataques y acciones armadas. En los últimos días, el sur del Tolima, Cauca, Chocó y Nariño han concentrado alertas de seguridad, con hechos que han afectado a civiles, fuerza pública e infraestructura.
El paso que falta: la sanción presidencial
Tras el aval de la Cámara, el presidente Abelardo De La Espriella deberá decidir sobre la sanción de la norma. Ese acto convierte el proyecto aprobado por el Congreso en ley y permite su publicación oficial.
El resultado también cierra una discusión legislativa que el Ejecutivo había pedido tramitar con urgencia. En octubre, el Gobierno defendió que la norma estableciera herramientas jurídicas para la entrega a la justicia de estructuras criminales, sin abrirles una negociación política. El País explicó entonces que el proyecto buscaba diferenciar el tratamiento de los grupos armados y limitar las alternativas jurídicas disponibles.
La nueva ley de sometimiento tendrá ahora su prueba más concreta en la aplicación: definir bajo qué condiciones operan los mecanismos judiciales y cómo se articulan con la estrategia de seguridad que el Gobierno ha reforzado en zonas con presencia de organizaciones armadas.
El trámite legislativo terminó, pero la implementación de la norma abrirá una nueva fase en la política de seguridad del país.
