La reciente propuesta de la Organización Marítima Internacional (IMO), respaldada por la ONU, busca establecer el primer impuesto global al carbono aplicado al transporte marítimo internacional. Bajo el nombre Net-Zero Framework (NZF), el plan pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en uno de los sectores más contaminantes del planeta.
Sin embargo, Estados Unidos se ha opuesto con firmeza. La administración de Donald Trump calificó la medida como un intento de la ONU por crear un sistema tributario mundial fuera de su mandato, advirtiendo que impondrá sanciones económicas a los países que lo respalden.
La tensión crece en la antesala de la votación del Net-Zero Framework, prevista para octubre, y promete convertirse en uno de los mayores choques diplomáticos sobre políticas climáticas desde el Acuerdo de París.
Qué propone realmente el Net-Zero Framework
El Net-Zero Framework surge como una enmienda al Convenio MARPOL, el principal tratado internacional que regula la contaminación marina. Su objetivo es imponer estándares de combustibles menos contaminantes y un sistema de precios a las emisiones de gases de efecto invernadero.
Según la IMO, el mecanismo no constituye un impuesto global al carbono, sino un esquema de incentivos y penalizaciones basado en el desempeño ambiental de cada embarcación. Las navieras que emitan por encima de los límites establecidos deberán aportar al IMO Net-Zero Fund, mientras que las que utilicen combustibles limpios recibirán recompensas.
Los recursos recaudados se destinarán a financiar investigación tecnológica, infraestructura sostenible y proyectos de transición en países en desarrollo. La IMO defiende que este modelo busca una transición justa, equilibrada y verificable, en lugar de un impuesto uniforme.
La postura de Estados Unidos
El comunicado conjunto del secretario de Estado Marco Rubio, la secretaria de Energía Wright y el secretario de Transporte Duffy fue contundente: el Net-Zero Framework representa, según Washington, un “régimen tributario global no autorizado” que aumentaría los costos de energía, alimentos y transporte.
“No toleraremos ningún intento de la ONU de gravar a nuestros ciudadanos o empresas”, afirmó Rubio en su cuenta de X. El texto oficial advierte que el gobierno estadounidense considerará sanciones, restricciones portuarias y medidas comerciales contra los países que voten a favor del NZF.
Por su parte, el subsecretario de Estado Christopher Landau recordó que la ONU fue creada para promover la paz, no para imponer tributos internacionales: “El poder de cobrar impuestos pertenece a las naciones soberanas. La Constitución de EE. UU. nos obliga a rechazar este voto”.
Un debate sobre soberanía y transición climática
Mientras Washington denuncia una amenaza a su soberanía económica, desde Ginebra y Londres la IMO insiste en que el Net-Zero Framework no busca crear un impuesto global al carbono, sino establecer un mercado de cumplimiento ambiental que premie la eficiencia y la innovación.
En paralelo, la ONU refuerza su campaña educativa con cursos sobre Carbon Taxation, donde explica que gravar las emisiones es una de las herramientas más efectivas para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Estas iniciativas resaltan que poner precio al carbono incentiva el cambio tecnológico y promueve una economía baja en emisiones.
La controversia, sin embargo, revela un dilema mayor: cómo equilibrar la urgencia climática con el respeto a las competencias nacionales. Para algunos países, el Net-Zero Framework marca el inicio de una nueva era de gobernanza ambiental global; para otros, el intento más ambicioso de la ONU por extender su influencia fiscal.
Lo que está en juego
La votación del Net-Zero Framework podría redefinir el papel de las organizaciones internacionales en la lucha contra el cambio climático. Si es aprobado, entraría en vigor en marzo de 2027 y afectaría a todas las embarcaciones de más de 5.000 toneladas brutas, que representan el 85% de las emisiones del sector marítimo.
A medida que se acerca la fecha, los gobiernos se enfrentan a una decisión histórica: respaldar el esfuerzo multilateral por reducir emisiones o resistir lo que perciben como un nuevo impuesto global al carbono que pone a prueba los límites de la soberanía internacional.
