Rodrigo Duterte volvió este miércoles a una sala de la Corte Penal Internacional (CPI) por primera vez en persona desde su traslado a La Haya. La audiencia en la CPI no decidió su culpabilidad, pero dejó al juicio contra Duterte encaminado hacia la fecha que mantiene el tribunal: el 30 de noviembre de 2026.
El expresidente filipino, de 81 años, afronta cargos de crímenes de lesa humanidad vinculados con la guerra contra las drogas. La comparecencia trató preparativos del proceso y su aptitud para participar; Duterte no habló y niega los cargos, según Associated Press y Reuters.
La vuelta a la sala puso el calendario bajo foco
La imagen de Duterte en la sala fue la novedad visible de la jornada. Su primera comparecencia ante la CPI, en marzo de 2025, había sido por videoconferencia desde el centro de detención; después faltó a varias sesiones mientras se discutía su estado de salud, de acuerdo con AP.
Esta vez, la audiencia en la CPI fue una conferencia de estado del caso: un espacio para ordenar la preparación del proceso, no para valorar en definitiva las pruebas. Reuters informó que el exmandatario no intervino y que su defensa mantiene que sufre un deterioro cognitivo que le impediría ser juzgado.
El cambio relevante no es una sentencia anticipada, sino el paso de la preparación a la cuenta regresiva. VERA Files, tras consultar a la unidad de asuntos públicos de la CPI, reportó que la apertura del juicio contra Duterte sigue fijada para el 30 de noviembre.
Los cargos ya pasaron una etapa decisiva
El expediente no llega a esta fase desde cero. La página oficial de la CPI sobre el caso señala que la sala de cuestiones preliminares confirmó todos los cargos de crímenes de lesa humanidad presentados por la Fiscalía y envió a Duterte a juicio.
Según la misma ficha, las conductas alegadas se sitúan entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019, en el contexto de la guerra contra las drogas en Filipinas. Esa delimitación abarca el periodo en que Duterte fue alcalde de Dávao y, posteriormente, presidente del país.
La confirmación de cargos no equivale a una condena: significa que los jueces consideraron que la Fiscalía superó el umbral requerido para llevar el caso a debate judicial. AP describe las acusaciones como asesinatos y tentativas de asesinato presuntamente cometidos en el marco de aquella campaña; Duterte las rechaza.
La salud y la detención siguen en el expediente
La condición médica del acusado continúa siendo una cuestión procesal separada de la responsabilidad penal. AP recordó que jueces de la CPI habían concluido antes que Duterte estaba en condiciones de enfrentar juicio, mientras sus abogados pidieron nuevas evaluaciones médicas. Esa discusión no suspende por sí sola el juicio contra Duterte.
El registro judicial de la CPI incorporó el 16 de septiembre una segunda decisión sobre la revisión de la detención dentro del expediente ICC-01/21-01/25-506. El registro público confirma que hubo una decisión ese día, aunque su sola publicación no reemplaza las actuaciones que se discutirán en el proceso.
Con el juicio contra Duterte aún pendiente, la siguiente referencia concreta es la apertura prevista para finales de noviembre. Allí la Fiscalía y la defensa deberán exponer sus casos ante una sala de primera instancia; la audiencia en la CPI de este miércoles no alteró ese recorrido.
