La Unión Europea dio un paso para que una parte de su industria intensiva en energía tenga que comprar menos derechos de emisión durante el actual ciclo del mercado de carbono. La decisión busca contener el riesgo de fuga de carbono: que la producción se desplace a países con reglas climáticas menos exigentes.
El acuerdo alcanzado este 16 de septiembre por los representantes de los Estados miembros no cambia todavía la norma. Es la posición con la que el Consejo de la UE irá a negociar con el Parlamento Europeo una revisión limitada del Sistema Europeo de Comercio de Emisiones (ETS).
Un ajuste en el precio de contaminar
El ETS obliga a instalaciones de ciertos sectores a entregar derechos equivalentes a sus emisiones. Como la subasta es la regla general, cada derecho que una empresa no recibe sin costo debe adquirirlo en el mercado, salvo las excepciones previstas para actividades expuestas a competencia internacional.
La asignación gratuita no se reparte de manera uniforme. La Comisión Europea explica que se calcula con parámetros de desempeño: toman como referencia la intensidad de emisiones de las instalaciones más eficientes. El mecanismo pretende proteger a productores con exposición externa sin eliminar el incentivo a reducir emisiones.
Ahí se abre la tensión del expediente. Si una empresa europea afronta un costo de carbono que sus competidores no pagan, Bruselas teme una fuga de carbono y, con ella, el traslado de producción y emisiones. Si recibe demasiados derechos de emisión, se debilita la señal para invertir en tecnologías más limpias.
Los derechos que el Consejo quiere liberar
El Consejo acordó elevar la asignación gratuita para actividades cubiertas por los parámetros de calor y combustible entre 2026 y 2030. Según su comunicado, la medida utilizaría cerca de 88 millones de derechos disponibles para asignación gratuita; la Comisión estima que ello equivaldría a unos 6.000 millones de euros de ahorro de costos para los sectores afectados.
La posición del Consejo también incorpora otros 33 millones de derechos que no se habían asignado porque ciertas instalaciones no cumplieron condicionalidades ya existentes en el ETS. El comunicado no presenta esa cifra como una nueva partida presupuestaria: se trata de derechos dentro del sistema de asignación.
La propuesta de la Comisión persigue aumentar la protección de la industria intensiva en energía sin activar un factor de corrección transversal que reduciría asignaciones de otros sectores. El documento legislativo indica, además, que los parámetros para petróleo y gas conservarían su tasa máxima de reducción vigente.
El cambio todavía no llega a las fábricas
El paso dado este miércoles es una posición negociadora, no la entrada en vigor de una regla. El Consejo dice que las conversaciones con el Parlamento Europeo comenzarán cuando la cámara adopte su propia posición; por ahora no hay un texto final acordado entre las instituciones.
El proyecto de la Comisión prevé que la corrección de la asignación correspondiente a 2026 se ejecute mediante la actualización de los parámetros de 2027. Esa arquitectura responde a los plazos técnicos del ETS y no significa que las empresas vayan a recibir de inmediato derechos de emisión adicionales.
La discusión se traslada ahora a la negociación política. El desenlace definirá cuánto respaldo recibe la industria intensiva en energía frente al riesgo de fuga de carbono y cómo se mantiene, al mismo tiempo, la presión para recortar emisiones dentro del mercado europeo.
