El economista Manuel Álvarez Agis propuso crear un impuesto al efectivo con el objetivo de reducir la informalidad en Argentina. Su idea: que al retirar dinero del cajero, el usuario reciba menos de lo que saca. Por ejemplo, si intenta extraer mil pesos, solo obtendría novecientos. La medida, según explicó, buscaría incentivar el uso de medios digitales y forzar al comercio a formalizarse.
Sin embargo, el planteamiento generó una ola de críticas económicas. Diversos analistas advirtieron que el impuesto al efectivo podría provocar el efecto contrario: reforzar el uso del dinero físico y castigar a quienes menos acceso tienen a herramientas digitales. En especial, jubilados y trabajadores informales que cobran en billetes y dependen de retirarlos cada semana.
Desde el punto de vista técnico, el dinero retirado de los bancos ya está formalizado, por lo que gravarlo nuevamente no reduciría la economía informal. Al contrario, podría estimular descuentos por pago en efectivo y desalentar el uso de tarjetas o billeteras virtuales. Un tiro al pie, económicamente hablando.
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El debate volvió a poner sobre la mesa una pregunta clave: ¿es posible combatir la informalidad castigando al ciudadano en lugar de simplificar el sistema tributario? Mientras las billeteras digitales crecen y el uso del efectivo cae naturalmente, la propuesta de Álvarez Agis parece recordar una vieja costumbre argentina: inventar nuevos impuestos antes de reducir los gastos.
