La pregunta se repite desde que se oficializó la declaratoria del estado de emergencia económica en Colombia: si los problemas fiscales no son nuevos, ¿por qué el Gobierno decidió activar esta herramienta ahora y no meses atrás?. Las razones del estado de emergencia no apuntan a un hecho aislado ni a una decisión repentina.
El propio Decreto 1390 expone que la emergencia es el resultado de una acumulación de presiones fiscales, bloqueos institucionales y obligaciones inmediatas que terminaron por cerrar el margen de maniobra del Estado.
En otras palabras, la crisis venía creciendo, pero fue en Diciembre cuando el Gobierno concluyó que las herramientas ordinarias ya no eran suficientes.
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Una crisis que venía creciendo, pero que aún tenía margen
Durante los últimos años, Según el Ejecutivo, se intentó enfrentar el deterioro fiscal con mecanismos previstos en la legislación ordinaria. Entre ellos, aplazamientos presupuestales, ajustes al gasto y la activación de la cláusula de escape de la Regla Fiscal.
Estas medidas permitieron contener parcialmente el impacto del aumento del gasto y la desaceleración de los ingresos tributarios. Sin embargo, su alcance era limitado y dependía de que otros instrumentos —como reformas tributarias o leyes de financiamiento— lograran avanzar en el Congreso.
Mientras ese margen existió, el Gobierno sostuvo que no era necesario acudir a un estado de excepción.
El punto de quiebre que cambió el escenario en 2025
El escenario se transformó con el hundimiento de dos proyectos consecutivos de Ley de Financiamiento en el Congreso, que buscaban cubrir faltantes estimados en $12 billones para 2025 y $16,3 billones para 2026.
A este bloqueo legislativo se sumó la desfinanciación del Presupuesto General de la Nación de 2026 y la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales, que restringe la contratación pública y limita aún más la capacidad de reacción del Estado.
El resultado fue un choque simultáneo entre mayores obligaciones de gasto y menores fuentes de ingreso disponibles.
Razones del estado de emergencia: Ya no quedaban herramientas ordinarias
Según el decreto, cerca del 93% del gasto del presupuesto nacional es inflexible, lo que deja un margen mínimo para recortes sin afectar el funcionamiento del Estado o el cumplimiento de obligaciones legales.
A ello se suman compromisos exigibles de forma inmediata: el aumento de la Unidad de Pago por Capitación del sistema de salud, subsidios atrasados en energía y combustibles, sentencias judiciales pendientes y gastos asociados a seguridad y atención de emergencias.
Con las alternativas de endeudamiento restringidas por la Regla Fiscal y una caja pública bajo presión, el Gobierno argumenta que el uso de la emergencia dejó de ser una opción política para convertirse en una necesidad fiscal.
Por qué el Gobierno sostiene que ya no podía esperar
En los considerandos del Decreto 1390, el Ejecutivo advierte que postergar decisiones habría implicado riesgos directos para la garantía de derechos fundamentales y el cumplimiento de obligaciones del Estado.
Desde esta perspectiva, la declaratoria del estado de emergencia económica aparece como el último recurso disponible para evitar un deterioro mayor de la situación fiscal y social del país.
El debate ahora se traslada a las medidas concretas que se adopten durante los 30 días de emergencia y al control que ejerzan el Congreso y la Corte Constitucional sobre el uso de estas facultades extraordinarias.
