El Gobierno nacional formalizó la declaratoria del estado de emergencia económica en todo el territorio colombiano. La medida quedó establecida mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025 y tendrá una vigencia inicial de 30 días calendario.
La decisión habilita al Ejecutivo para adoptar medidas extraordinarias con el objetivo de enfrentar una coyuntura fiscal que el propio Gobierno califica como grave e inminente. Aunque el anuncio se conocía desde días atrás, el decreto oficializa el alcance real de la emergencia y delimita sus fundamentos legales y económicos.
El estado de emergencia económica no es una figura simbólica. Se trata de un mecanismo constitucional que solo puede activarse cuando las herramientas ordinarias del Estado resultan insuficientes para contener una crisis que amenaza el orden económico y social del país.
Qué declaró el Gobierno y desde cuándo entra en vigencia
El Decreto 1390 declara el estado de emergencia económica y social en todo el territorio nacional, amparado en el artículo 215 de la Constitución Política. La medida comenzó a regir desde su publicación oficial y tendrá una duración inicial de 30 días.
Durante este periodo, el Gobierno queda facultado para expedir decretos con fuerza de ley, siempre que estén destinados exclusivamente a conjurar la crisis y evitar la extensión de sus efectos. Estas normas deben tener una relación directa con las causas que motivaron la declaratoria y son de carácter transitorio.
El decreto lleva la firma del presidente y de todos los ministros del gabinete, un requisito constitucional que refuerza el carácter colectivo de la decisión y su responsabilidad política.
Por qué el Gobierno dice que no había otra salida
En los considerandos del decreto, el Ejecutivo sostiene que el país enfrenta una coyuntura fiscal excepcional, agravada por hechos concurrentes que limitan la capacidad material y jurídica del Estado para garantizar algunos derechos fundamentales.
Uno de los factores centrales es el hundimiento de dos proyectos consecutivos de Ley de Financiamiento en el Congreso, que buscaban cubrir faltantes estimados en $12 billones para 2025 y $16,3 billones para 2026. A esto se suma un gasto público altamente inflexible, que deja escaso margen de maniobra presupuestal.
Según el Gobierno, las alternativas ordinarias —aplazamientos, recortes y uso de cláusulas fiscales— ya fueron agotadas, lo que llevó a considerar la emergencia como la única herramienta disponible para evitar un deterioro mayor de las finanzas públicas.
El verdadero fondo del problema fiscal
El núcleo de la crisis que expone el decreto está en la acumulación de obligaciones que presionan de forma inmediata la caja del Estado. Entre ellas, el aumento sostenido de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del sistema de salud, que entre 2022 y 2025 creció un 18,7%, equivalente a $14,1 billones.
A esto se suman subsidios atrasados en servicios públicos de energía y combustible, sentencias judiciales pendientes de pago, gastos asociados a seguridad ciudadana, atención de desastres por la actual ola invernal y compromisos derivados de la política de reparación a víctimas.
El decreto advierte además sobre restricciones al endeudamiento por la Regla Fiscal y limitaciones externas que afectan la liquidez de la Tesorería General de la Nación, configurando un escenario que el Gobierno califica como inaplazable.
Qué viene ahora y quién vigila la emergencia
Con la declaratoria en firme, el Gobierno podrá anunciar en los próximos días los decretos legislativos que desarrollen las medidas de la emergencia. Entre ellas se contempla la posibilidad de crear impuestos temporales o modificar tributos existentes, siempre dentro de los límites constitucionales.
Una vez finalizado el periodo de emergencia, el Ejecutivo deberá convocar al Congreso para que ejerza control político sobre el uso de las facultades extraordinarias. En paralelo, el decreto y las normas que se expidan serán revisados por la Corte Constitucional.
