La Asamblea constituyente reaparece en el cruce entre el ELN y el Gobierno
La mención a una Asamblea constituyente volvió a ocupar un lugar central en la discusión política colombiana tras el cruce público entre el ELN y el Gobierno. En medio del llamado a un Acuerdo Nacional, la idea de reformar —o activar— mecanismos constituyentes reaparece como uno de los puntos más sensibles del debate.
Aunque ambos discursos mencionan la Constituyente como horizonte posible, el significado que cada parte le asigna es distinto. Mientras el ELN la presenta como eje transformador y mandato popular, el Ejecutivo la plantea como una opción limitada, condicionada y subordinada al cumplimiento de la Constitución de 1991.
Ahí se abre la grieta: no es solo una discusión jurídica, sino una disputa política sobre el alcance del cambio y el orden de los pasos.
La Constituyente en la propuesta del ELN
En su comunicado, el ELN plantea que el Acuerdo Nacional debe convertirse en mandato constitucional, con participación protagónica de la sociedad. La organización armada sostiene que este proceso permitiría una nueva manera de gobernar el país y estaría legitimado como un Proceso Constituyente Popular.
Desde esta perspectiva, la Asamblea constituyente no sería un mecanismo accesorio, sino el instrumento para garantizar que los acuerdos alcanzados se cumplan más allá de los gobiernos de turno. El ELN la concibe como una vía para redefinir el modelo económico, las relaciones de poder y el papel del Estado frente a las mayorías.
El énfasis está puesto en la soberanía popular y en la necesidad de que las transformaciones estructurales queden blindadas constitucionalmente, evitando retrocesos futuros.
La mirada del Gobierno: límites y condiciones
La respuesta del presidente Petro introduce una lectura distinta. En su planteamiento, la Asamblea constituyente no busca sustituir la Constitución de 1991, sino dotarla de herramientas para que se cumplan derechos y mandatos que, según su visión, el Congreso no ha desarrollado.
El mandatario sugiere que una eventual Constituyente tendría un alcance acotado, centrado en garantizar derechos fundamentales, consolidar el Estado Social de Derecho y cerrar vacíos normativos. Además, subraya que cualquier discusión de este tipo debe darse por decisión popular y dentro de los marcos legales vigentes.
Aquí la diferencia es clave: para el Gobierno, la Constituyente es una herramienta excepcional y reglada; para el ELN, es el corazón del cambio político.
Dos usos, un mismo concepto
El choque de narrativas alrededor de la Asamblea constituyente revela cómo un mismo concepto puede ser utilizado con propósitos opuestos. Mientras una parte la invoca como punto de partida para una transformación profunda, la otra la concibe como un mecanismo puntual para destrabar reformas pendientes.
Esta diferencia no es menor. Define los tiempos, los actores y los límites del proceso político que cada uno imagina. No se discute solo el qué, sino el cómo y el cuándo.
En ese cruce, la Constituyente deja de ser una idea abstracta y se convierte en un nuevo eje de tensión. Si será un terreno de encuentro o un nuevo motivo de confrontación, dependerá de cómo evolucione el debate político y del respaldo que logre entre la ciudadanía.
