Un llamado que reabre el debate nacional
El llamado a un Acuerdo Nacional lanzado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) abrió un nuevo frente en el debate político colombiano, justo cuando el país entra en un año marcado por la tensión electoral y los reacomodos de poder. La propuesta fue presentada como una salida estructural al conflicto social, político y armado que atraviesa Colombia desde hace más de siete décadas.
El planteamiento del ELN busca involucrar a las fuerzas políticas, sociales y a la ciudadanía en la construcción de un acuerdo con alcance constitucional, orientado a transformar el modelo económico, garantizar la soberanía nacional y redefinir el papel de las Fuerzas Armadas. En su comunicado, la organización armada enmarca esta iniciativa en un contexto internacional que califica como de creciente agresión imperialista en América Latina.
Sin embargo, la respuesta del presidente Gustavo Petro fue inmediata y tajante. Desde un mensaje público, el mandatario cerró la puerta a cualquier avance mientras persistan economías ilícitas, el reclutamiento de menores y el control armado de territorios por parte del ELN. Ahí se rompe el tono y se tensa la cuerda: mientras la guerrilla habla de acuerdos y futuro, el Gobierno marca líneas rojas y condiciones inamovibles.
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El planteamiento del ELN: un acuerdo para superar la crisis estructural
En su declaración, el ELN propone un Acuerdo Nacional como un proceso amplio y participativo que permita superar lo que define como una crisis estructural del país. Según el documento, este acuerdo debería convertirse en un mandato constitucional que trascienda a los gobiernos de turno y sea respetado independientemente de la fuerza política en el poder.
Entre los objetivos centrales del planteamiento se encuentran la erradicación de la pobreza, la persecución política, la corrupción y el paramilitarismo, así como la construcción de un nuevo diseño económico que responda a las necesidades de la población y de las comunidades. El ELN también plantea la protección de los ecosistemas, la transición hacia energías limpias y una estrategia para superar el narcotráfico con participación comunitaria.
El comunicado insiste en que la sociedad debe asumir un papel protagónico en este proceso, al que define como un Proceso Constituyente Popular. Desde esta perspectiva, el Acuerdo Nacional no solo sería un pacto político, sino una nueva forma de gobernar el país basada en la soberanía, la equidad y la justicia social.
La respuesta de Petro: condiciones y advertencias
La reacción del presidente Petro se distancia de manera frontal de la narrativa del ELN. En su mensaje, el mandatario recordó que durante el proceso de diálogo se ofreció un acuerdo que, según su versión, fue destruido por la organización armada mediante acciones violentas que afectaron a comunidades campesinas.
Petro señaló que ninguna negociación puede avanzar sin una salida real de las economías ilícitas, en particular el control de cultivos y del oro ilegal, ni sin el abandono del reclutamiento de niños y la devolución de menores vinculados al conflicto. También subrayó que las comunidades deben recuperar su libertad y participar directamente en la transformación de sus territorios.
El presidente planteó además una serie de condiciones concretas: el traslado de todos los integrantes del ELN a territorio colombiano, la discusión de zonas de concentración regionales, el cese de conflictos con otras organizaciones en proceso de paz y la definición de planes de participación ciudadana. En este marco, advirtió que si el ELN no se vincula a la paz, podrían producirse acciones militares conjuntas con Venezuela.
El punto de quiebre: dos relatos que no se cruzan
Aquí el contraste se vuelve evidente. Mientras el ELN plantea un Acuerdo Nacional como punto de partida para una transformación estructural del país, el Gobierno condiciona cualquier diálogo a cambios inmediatos y verificables en el comportamiento de la organización armada. No se trata solo de diferencias de enfoque, sino de visiones opuestas sobre el orden de los pasos y las responsabilidades.
El choque de narrativas deja en evidencia una fractura profunda en la manera de entender la paz. Para el ELN, el acuerdo es el inicio del camino; para el Ejecutivo, es el resultado de condiciones previas que aún no se cumplen. En medio de ese cruce, el debate público vuelve a girar en torno a la viabilidad de una salida negociada al conflicto.
Con el calendario electoral avanzando y la presión regional en aumento, este intercambio de mensajes marca un nuevo momento de tensión en el proceso de paz. El misterio se mantiene abierto: si el Acuerdo Nacional será un punto de encuentro o un nuevo campo de confrontación, es algo que solo los próximos movimientos de ambas partes permitirán esclarecer.
