El recorte de $13,8 billones al presupuesto de 2026 ya quedó formalizado y pone la austeridad en el centro de las decisiones del Gobierno. El ajuste, contenido en el Decreto 1585 del 22 de octubre, reduce recursos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión durante la actual vigencia fiscal.
La medida equivale al 0,7 % del PIB, según el Ministerio de Hacienda. El Ejecutivo sostiene que busca adecuar el gasto a los ingresos efectivamente disponibles y afirma que el ajuste se concentró en compras no indispensables, contratos de prestación de servicios y procesos de contratación que no alcanzarían a ejecutarse o que dejaron de ser prioritarios.
Cómo se distribuye el ajuste
El Gobierno dividió el recorte en tres frentes: $3 billones menos en gastos de funcionamiento, $4 billones menos en el servicio de la deuda y $6,8 billones menos en inversión. La partida más alta, la de inversión, corresponde a contratos que no alcanzarían a ejecutarse o que el Ejecutivo no considera prioritarios.
En funcionamiento, el decreto contempla reducir contratos de prestación de servicios y eliminar compras que no sean necesarias. El alivio en el servicio de la deuda, por su parte, se apoya en una mejora de la tasa de cambio, de acuerdo con la explicación de la Presidencia.
El Gobierno no detalló en su anuncio público un listado completo de obras, entidades o contratos específicos afectados por los $6,8 billones que salen de inversión.
La promesa de proteger los servicios
El Ministerio de Hacienda afirmó que el ajuste busca preservar la prestación de los servicios a los ciudadanos, aunque la reducción de contratos y de recursos de inversión deja a cada entidad con el reto de precisar cómo acomodará su ejecución. En la práctica, el alcance del recorte dependerá de las partidas concretas que se modifiquen dentro de cada sector.
El presidente Abelardo De La Espriella presentó la decisión como la primera fase de un plan de ajuste fiscal. “Continuaré tomando decisiones para reducir el gasto, eliminar los despilfarros y poner en orden las finanzas públicas”, afirmó al anunciar el decreto.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, también señaló que la decisión responde a la necesidad de ajustar el gasto a los ingresos reales del Estado. La austeridad, según el Gobierno, seguirá siendo el criterio para nuevas decisiones sobre el presupuesto.
Un primer ajuste, no el último
El anuncio confirma que el recorte de $13,8 billones no cierra la revisión de las cuentas públicas. La Presidencia anticipó que habrá más medidas para disminuir el gasto estatal, mientras el Gobierno defiende que este primer paso corrige una brecha entre los ingresos proyectados y los recursos que la Nación puede recaudar.
El debate ahora pasa de la cifra general a la ejecución: qué contratos se eliminarán, qué proyectos de inversión perderán recursos y cómo las entidades sostendrán sus funciones con menos apropiaciones. Ahí se medirá el efecto concreto del recorte sobre el funcionamiento del Estado.
Fuentes: Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Presidencia de la República; EL PAÍS.
