La Fiscalía remitió a la Corte Suprema de Justicia el expediente por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, con el fin de que se determine si congresistas pudieron tener alguna vinculación con el crimen.
La actuación abre una nueva instancia en la investigación: la Corte es competente para examinar eventuales responsabilidades de miembros del Congreso. Por ahora, el traslado del expediente no equivale a una decisión de fondo ni identifica públicamente a parlamentarios investigados.
Según informó EFE el 21 de octubre, la Fiscalía trasladó el caso a la alta corte luego de avanzar en la investigación por el homicidio del senador, ocurrido en junio de 2025.
Qué deberá establecer la Corte Suprema
La Corte Suprema deberá evaluar la información remitida por la Fiscalía y definir si existen elementos que justifiquen abrir actuaciones contra algún congresista. Esa revisión se concentra en una posible relación con el asesinato de Miguel Uribe Turbay, no en una conclusión anticipada sobre responsabilidades penales.
El envío del expediente activa la competencia de la Corte frente a cualquier eventual participación de aforados constitucionales.
En Colombia, los congresistas cuentan con un fuero especial: cuando surgen hechos que puedan comprometerlos penalmente, corresponde a la Corte Suprema adelantar las indagaciones judiciales que procedan.
El alcance del traslado judicial
La decisión mantiene en el centro del caso a la Fiscalía, encargada de recaudar y poner a disposición de las autoridades competentes los elementos de investigación. A la vez, separa el análisis de posibles responsabilidades de personas aforadas del resto de las líneas del expediente.
El caso de Miguel Uribe Turbay continúa así en una etapa de revisión judicial con dos preguntas centrales: si los elementos remitidos sustentan una investigación en la Corte Suprema y si existe alguna evidencia que conecte a integrantes del Congreso con el crimen.
