La reincorporación de 99 excombatientes concentrados en una finca rural de La Hormiga, en el Valle del Guamuez, enfrenta este viernes 2 de octubre un asunto inmediato: vencen los contratos estatales con quienes suministran los alimentos en la zona. La situación ocurre después de que el Gobierno extendiera hasta el 1 de diciembre el plazo para resolver su situación en Putumayo.
La prórroga evitó el desalojo que estaba previsto para el 1 de octubre, pero no resolvió todos los componentes logísticos de la permanencia temporal. Según El País, los contratos de alimentación vencen este viernes, por lo que queda pendiente conocer si las autoridades definirán una continuidad del servicio mientras se completa el proceso.
¿Qué cambió con la decisión del Gobierno?
El Gobierno nacional había ordenado desmontar en 48 horas la zona de ubicación temporal, pero el jueves 1 de octubre rectificó y concedió dos meses adicionales. El nuevo plazo se extiende hasta el 1 de diciembre de 2026 para culminar la reincorporación y definir la situación jurídica del grupo.
Los 99 excombatientes llegaron a la finca en junio, antes de la segunda vuelta presidencial, tras desplazarse por la selva del Putumayo. El grupo había sostenido acercamientos con el anterior Gobierno en 2024, en el marco de la política de paz total, de acuerdo con el recuento publicado por El País.
La alimentación, un punto pendiente
La extensión del plazo mantiene en el lugar a los excombatientes y aplaza una definición de fondo sobre su reincorporación, pero el vencimiento de los contratos plantea una necesidad operativa de corto plazo en Putumayo. Hasta ahora no se ha informado públicamente una decisión sobre la continuidad del suministro de alimentos después del 2 de octubre.
El desenlace dependerá de las medidas que adopten las entidades responsables durante la prórroga. En ese lapso también deberá establecerse el mecanismo para cerrar la ubicación temporal y avanzar en la definición jurídica y de reincorporación de los integrantes del grupo.
