El presidente Donald Trump ordenó que las agencias del Gobierno de Estados Unidos sustituyan las expresiones “inteligencia artificial” y “AI” por “superinteligencia” y “SI” en sus comunicaciones, sitios web, informes y documentos de política que no estén fijados por ley. La medida de la Casa Blanca, firmada el 29 de septiembre, redefine el lenguaje administrativo sobre una tecnología que el decreto presenta como una nueva etapa de la superinteligencia.
La orden ejecutiva no modifica de inmediato leyes, regulaciones, contratos, subvenciones ni documentos históricos ya emitidos. Tampoco crea derechos exigibles para particulares, según el texto oficial publicado por la Casa Blanca.
¿Qué cambia en las agencias federales?
La instrucción alcanza a los departamentos y organismos del Poder Ejecutivo “en la máxima medida permitida por la ley”. Por tanto, el cambio se concentrará en documentos y comunicaciones nuevas que dependan de la administración, mientras que las referencias legales vigentes a la inteligencia artificial seguirán sujetas a la terminología establecida por el Congreso.
La orden excluye expresamente la obligación de modificar regulaciones, contratos, subvenciones y documentos históricos emitidos con anterioridad. El alcance administrativo fue confirmado en el texto de la orden ejecutiva, incorporada al registro de acciones presidenciales de la Casa Blanca.
Una definición provisional y una propuesta legislativa
Para aplicar la medida, el decreto equipara provisionalmente “superinteligencia” con la definición federal de inteligencia artificial incluida en el título 15 del Código de Estados Unidos. Es decir, el cambio de nombre no altera por sí mismo el perímetro jurídico de los sistemas alcanzados mientras no haya otra decisión presidencial compatible con la ley o una norma aprobada por el Congreso.
La Casa Blanca encargó al asistente presidencial para Ciencia y Tecnología presentar, en un plazo de 60 días, una propuesta de lenguaje legislativo para establecer una definición federal de “superinteligencia” y “SI”. El documento deberá evaluar si conviene modificar, ampliar o sustituir la definición actual de inteligencia artificial y proponer ajustes a las referencias legales existentes.
La administración deberá entregar al presidente una propuesta legislativa en 60 días; hasta entonces, la definición legal vigente de inteligencia artificial continúa como referencia.
Qué permanece pendiente
La orden no detalla qué agencias actualizarán primero sus plataformas o documentos, ni anticipa si el Congreso respaldará un cambio legal permanente. La propia Casa Blanca publicó el texto como una de sus acciones presidenciales del 29 de septiembre, junto con otras órdenes ejecutivas de esa fecha.
El efecto inmediato será principalmente terminológico y administrativo. Sin embargo, la iniciativa abre una revisión de cómo el Gobierno federal describe la inteligencia artificial en sus políticas públicas, sus procesos internos y una eventual legislación futura sobre superinteligencia.
Por ahora, el cambio obliga a modificar el lenguaje oficial no estatutario, pero no reemplaza las definiciones contenidas en la legislación federal.
