La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que el nuevo decreto que regula la protesta social puede facilitar el uso de la fuerza por parte de la Policía durante las manifestaciones. El pronunciamiento de la ONU llega dos días después de las movilizaciones del 14 de octubre, las primeras de gran escala contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella.
La advertencia pone el foco sobre una norma expedida antes de la jornada de marchas y sobre los límites que deberán observar las autoridades cuando intervengan en concentraciones ciudadanas. La discusión ya no se limita a cómo transcurrieron las protestas: también abarca las reglas con las que se atenderán las próximas convocatorias.
Para la ONU, el texto del decreto puede abrir la puerta a una intervención policial más amplia en escenarios de protesta social.
La observación de Naciones Unidas
Según informó EFE, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia consideró que el decreto es controvertido porque podría facilitar el uso de la fuerza policial en manifestaciones. La entidad no reportó, en esa advertencia, una decisión judicial sobre la norma, pero sí planteó una preocupación directa sobre sus posibles efectos en la garantía del derecho a la protesta social.
El reparo adquiere relevancia porque el decreto fue firmado en la antesala de las movilizaciones del 14 de octubre. Durante esa jornada, miles de personas salieron a las calles en distintas ciudades; el balance oficial citado por medios nacionales indicó que 62.000 ciudadanos participaron y que el 98 % de las actividades transcurrió de manera pacífica.
Qué está en juego con el decreto
La advertencia de la ONU no implica por sí sola que el decreto quede suspendido o pierda vigencia. Sí suma un cuestionamiento de derechos humanos al debate público y jurídico alrededor de la regulación de las marchas.
En términos prácticos, la discusión se concentra en tres asuntos: cuándo puede intervenir la fuerza pública, qué criterios deben aplicarse antes de escalar una actuación y cómo se protege a quienes se movilizan sin incurrir en hechos violentos. Esos puntos serán determinantes en futuras protestas sociales, especialmente tras una jornada que, pese a episodios aislados de tensión, tuvo un desarrollo mayoritariamente pacífico.
El pronunciamiento eleva la presión para que cualquier aplicación del decreto respete los estándares de necesidad, proporcionalidad y protección de los manifestantes.
Un debate que seguirá en las calles y en las instituciones
El Gobierno ha defendido una postura de mayor control frente a bloqueos y alteraciones del orden público. Sin embargo, el pronunciamiento de Naciones Unidas introduce una alerta específica: las medidas adoptadas para responder a esos hechos no pueden traducirse en reglas que debiliten las garantías de quienes ejercen pacíficamente la protesta social.
El alcance concreto del decreto dependerá de su aplicación por parte de las autoridades y de las revisiones que puedan promoverse ante las instancias competentes. Por ahora, la observación de la ONU instala el uso de la fuerza como el punto más sensible de una regulación que ya generaba controversia antes de entrar en el centro de la conversación nacional.
