El Gobierno de Abelardo De la Espriella radicó ante el Congreso un proyecto de ley de sometimiento que busca sustituir la Ley de Paz Total impulsada durante la administración anterior. La iniciativa plantea el marco con el que el Estado trataría a integrantes de grupos ilegales, a los que el Ejecutivo denomina oficialmente como “terroristas”.
La radicación abre un nuevo frente legislativo para la política de seguridad del Gobierno, en un momento en que el país enfrenta ataques armados y una escalada de violencia en varias regiones. El contenido y el alcance final de la propuesta dependerán ahora de su trámite en el Congreso.
Según EL PAÍS, la norma reemplaza la Ley de Paz Total y fija mecanismos para abordar el sometimiento de miembros de estructuras armadas y criminales.
Un cambio de enfoque frente a la Paz Total
El punto central del proyecto es el relevo de la Paz Total como marco legal. Con la nueva propuesta, el Gobierno modifica el lenguaje y la ruta institucional para relacionarse con los grupos ilegales: la fórmula ya no se presenta como una política de paz, sino como un proceso de sometimiento bajo una denominación más dura sobre esas organizaciones.
Ese cambio importa porque una ley define las herramientas disponibles para el Estado y las condiciones que deberán discutirse para quienes pretendan acogerse. El proyecto tendrá que superar los debates de comisión y plenaria antes de convertirse en norma.
Qué queda por definir en el Congreso
La discusión legislativa deberá precisar cuáles son los mecanismos concretos de sometimiento, a quiénes cobijaría la norma y qué requisitos aplicarán a los grupos ilegales o a sus integrantes. También será el escenario en el que las bancadas podrán proponer modificaciones al texto presentado por el Ejecutivo.
Por ahora, el hecho verificable es que el Gobierno formalizó su propuesta para reemplazar la Paz Total. El debate sobre su alcance apenas comienza.
