El Gobierno Nacional ordenó el cierre, en un plazo de 48 horas, de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) instalada en Putumayo. La decisión abre una nueva fase en el manejo territorial de la zona y pone el foco sobre las condiciones humanitarias y de seguridad durante el desmonte, en un departamento clave para la paz y la confrontación con grupos armados.
Según informó la Consejería de Paz, se conformará una comisión humanitaria para acompañar el procedimiento. El anuncio fue divulgado este miércoles 30 de septiembre, mientras la Defensoría del Pueblo pidió ampliar las medidas cautelares relacionadas con la ZUT del Putumayo.
La orden oficial establece un plazo de 48 horas para desmontar la Zona de Ubicación Temporal.
¿Qué ordenó el Gobierno?
La instrucción conocida este 30 de septiembre contempla el cierre de la Zona de Ubicación Temporal en Putumayo y la creación de una comisión humanitaria desde la Consejería de Paz. La medida fue reportada por El Espectador, que señaló que esa comisión tendrá a cargo el acompañamiento del desmonte.
Hasta ahora, la información divulgada no precisa públicamente el cronograma operativo completo ni el detalle de las entidades que integrarán esa instancia. Esos aspectos serán determinantes para establecer cómo se ejecutará el cierre de la zona, qué medidas de protección se aplicarán y cuál será el tratamiento para las personas y comunidades involucradas.
La preocupación humanitaria en el territorio
La Defensoría del Pueblo solicitó ampliar la medida cautelar sobre la ZUT del Putumayo, de acuerdo con información publicada este miércoles por El Espectador. Esa petición sitúa el componente humanitario en el centro de la decisión, pues el desmonte ocurre en un territorio donde persisten riesgos por el conflicto armado.
La comisión anunciada deberá atender el cierre de la ZUT mientras sigue vigente la alerta sobre las garantías humanitarias en Putumayo.
La petición de la Defensoría no equivale, por sí sola, a una modificación de la orden del Ejecutivo. Sin embargo, plantea que el cierre de la zona debe considerar medidas de prevención y protección para la población civil, además de los efectos que pueda tener sobre las dinámicas de paz en el departamento.
Un cierre en medio de la ofensiva de seguridad
La decisión se conoce después de que la Presidencia reportara el 29 de septiembre la captura de 30 personas presuntamente vinculadas con estructuras narcoterroristas en Caquetá, Boyacá, Risaralda, Cesar y Putumayo. El balance oficial incluyó incautaciones, destrucción de explosivos y acciones contra el robo de hidrocarburos. Presidencia presentó esos resultados como parte de la ofensiva de la Fuerza Pública.
En ese contexto, el desmonte de la ZUT del Putumayo combina dos asuntos que seguirán bajo seguimiento: la ejecución de la orden gubernamental en las próximas 48 horas y las garantías que reclaman organismos humanitarios para evitar nuevos riesgos en la zona y para la población del Putumayo.
Aún están pendientes los detalles operativos del cierre y la respuesta oficial a la solicitud de la Defensoría.
