La protesta por el retiro de piezas del Museo Nacional dejó un nuevo pulso entre el Gobierno y los manifestantes en Bogotá: el ministro del Interior, Rodrigo Lara, defendió la intervención policial del domingo 18 de octubre, después de que un grupo bloqueara por completo la carrera Séptima y afectara la movilidad del sector.
La concentración comenzó el sábado para rechazar el retiro de más de 30 objetos y documentos de salas del museo. El domingo, la tensión aumentó cuando terminó la ciclovía y parte de los asistentes permaneció en la calzada. Según el balance citado por Infobae, las autoridades intentaron despejar el corredor mediante diálogo antes de ordenar el operativo.
“De ninguna manera se puede permitir un bloqueo total”, afirmó Lara. El ministro sostuvo que el derecho a la protesta debe coexistir con el derecho de otros ciudadanos a circular por la ciudad.
El bloqueo que cambió la respuesta oficial
De acuerdo con la versión del Ministerio del Interior, hubo dos concentraciones atendidas durante la jornada. En La Perseverancia, los participantes aceptaron mantener un carril disponible y la manifestación continuó sin intervención. La situación fue distinta frente al Museo Nacional, donde un grupo no levantó el bloqueo de la carrera Séptima pese a los llamados de las autoridades.
La intervención se produjo cuando la vía quedó totalmente cerrada, según el relato oficial del ministro Rodrigo Lara. En el lugar también participaron gestores distritales, la Defensoría del Pueblo y equipos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, debido a la presencia de menores de edad, informó el funcionario.
La movilidad en el centro de Bogotá fue uno de los efectos inmediatos de la jornada. El medio EXTRA reportó desvíos y afectaciones en TransMilenio que impactaron a cerca de 14.300 usuarios. La cifra dimensiona el alcance urbano de una protesta que empezó como un reclamo cultural.
Las piezas retiradas mantienen abierto el conflicto
La protesta tiene como origen el desmonte de al menos 30 elementos vinculados con movimientos feministas y LGBTI, la Unión Patriótica, la Asamblea Constituyente de 1991, el proceso de paz de 2016 y víctimas de la violencia política. Entre ellos figuraban referencias a Carlos Pizarro Leongómez, Bernardo Jaramillo Ossa y la Séptima Papeleta.
El presidente Abelardo De La Espriella había anunciado el retiro de representaciones que considera una exaltación del terrorismo. La ministra de Cultura, Paola Holguín, respaldó esa decisión y afirmó que el museo no debía servir para el adoctrinamiento político. Colectivos culturales y organizaciones vinculadas a museos cuestionaron que la decisión dependiera de afinidades ideológicas del Gobierno.
El debate ya no se limita a qué debe exhibir el Museo Nacional: también abarca los límites de la protesta y la respuesta estatal ante los bloqueos. Mientras el Ejecutivo insiste en garantizar la movilidad, los manifestantes mantienen el cuestionamiento por la salida de las piezas y su lugar en la memoria pública del país.
