El presidente Abelardo De La Espriella ordenó revisar los esquemas de protección financiados por el Estado y eliminar aquellos que no estén debidamente justificados. La decisión se enmarca en una política de austeridad con la que el Gobierno busca reducir el gasto público, según informó EFE este 16 de octubre.
La instrucción pone bajo revisión una de las áreas más sensibles de la administración estatal: la seguridad asignada a funcionarios, exfuncionarios y otras personas que cuentan con medidas de protección oficiales. Por ahora, la información disponible no precisa cuántos esquemas serán evaluados ni cuáles serían los primeros cambios.
El alcance concreto de la orden dependerá de la revisión que determine qué medidas de seguridad siguen teniendo sustento.
La orden apunta a los esquemas sin justificación
De acuerdo con EFE, De La Espriella pidió revisar la protección personal estatal con el objetivo de retirar los beneficios que no tengan una justificación válida. El mandatario planteó la medida como parte de un ajuste del gasto público, no como una eliminación general de los mecanismos de seguridad.
La diferencia es relevante: la orden no anuncia que se supriman automáticamente todos los esquemas de protección. La revisión deberá establecer, caso por caso, cuáles medidas responden a riesgos que siguen vigentes y cuáles no cumplen los criterios exigidos por el Gobierno.
En ese equilibrio estará el punto más delicado de la política. La austeridad busca contener el gasto público, pero las decisiones sobre seguridad deberán sustentarse en las evaluaciones de riesgo que correspondan a cada beneficiario.
Qué falta por conocerse
El anuncio deja abiertas preguntas concretas: qué entidad liderará la revisión, bajo qué criterios se definirá la continuidad de los esquemas de protección y en qué plazo se adoptarán las decisiones. Tampoco se ha detallado el ahorro que espera obtener el Ejecutivo con esta medida.
La discusión llega mientras el Gobierno impulsa una agenda de austeridad en distintas áreas. En este caso, el recorte potencial toca recursos destinados a la protección de personas específicas, por lo que sus resultados dependerán de que la revisión diferencie entre gastos prescindibles y medidas de seguridad necesarias.
EFE informó que la instrucción presidencial contempla eliminar los esquemas estatales que no estén debidamente justificados.
