El presidente Abelardo De La Espriella anunció este domingo un cambio de tono en la respuesta del Estado frente a los grupos armados: dio por terminada la política de “paz total” y puso la ofensiva con drones y sistemas de defensa antidrones en el centro de la estrategia de seguridad.
El pronunciamiento ocurre después del ataque contra un cantón militar en Santa Rosa del Sur, Bolívar, que dejó tres soldados muertos. El Gobierno atribuyó esa acción al ELN, mientras las autoridades mantienen la atención sobre el uso de aeronaves no tripuladas con explosivos contra la Fuerza Pública.
La pregunta inmediata es qué acciones concretas acompañarán el anuncio presidencial. Por ahora, De La Espriella indicó que su equipo analiza las capacidades y los sistemas antidrones necesarios para enfrentar esta modalidad de ataque y avanzar contra las estructuras ilegales.
Un giro en la respuesta de seguridad
En su intervención del 8 de noviembre, el presidente afirmó que la línea del Gobierno será de confrontación contra los grupos criminales. “No vamos a retroceder ni un milímetro”, señaló, según Semana.
“No vamos a retroceder ni un milímetro”
El mensaje se complementó con la evaluación de herramientas para responder a los ataques con drones. De acuerdo con la información divulgada por Semana, la Casa de Nariño revisa sistemas de defensa antidrones y capacidades operativas para una ofensiva contra los responsables de hechos violentos.
El anuncio todavía no detalla compras, plazos ni un plan operativo específico, pero sí fija una prioridad: reducir la vulnerabilidad de las unidades militares ante ataques con aeronaves no tripuladas.
El ataque que presiona la decisión
La declaración presidencial llega tras la ofensiva contra una instalación militar en Bolívar. Deutsche Welle reportó que el ataque dejó tres militares muertos y 16 heridos, con base en información del Ejército, y señaló que las autoridades lo atribuyeron a estructuras del ELN que operan en esa zona. En total, el balance preliminar fue de 19 víctimas entre muertos y heridos.
Ese episodio volvió a mostrar un desafío que ya preocupa a las Fuerzas Armadas: los grupos ilegales usan equipos de bajo costo y fácil movilidad para lanzar explosivos a distancia. La discusión ya no se limita a reforzar la protección física de los cantones; también exige capacidades de detección, interferencia y respuesta frente a los drones.
Qué queda por definir
El Gobierno no ha precisado qué sistemas adquirirá, qué instituciones liderarán su implementación ni cómo se articulará esa nueva ofensiva con las operaciones que ya adelantan las Fuerzas Militares y la Policía.
También falta conocer si la declaración sobre el fin de la “paz total” se traducirá en decisiones formales frente a los canales o mecanismos de diálogo que existían con grupos armados. Por ahora, la señal política es clara: la seguridad y la capacidad de reacción frente a ataques con drones pasan a ser una prioridad de la Presidencia.
