La Corte elimina el límite para medir intención de voto y frena la entrega de datos al CNE

La Corte anuló el límite temporal para encuestas de intención de voto y protegió la privacidad de quienes participan en ellas.

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La Corte Constitucional eliminó el límite que impedía realizar encuestas sobre intención de voto antes de los tres meses previos al inicio de la inscripción de candidaturas. También anuló la obligación de entregar al CNE números telefónicos de las personas consultadas y el código para replicar la selección muestral en estudios de hogares, al concluir que esas exigencias afectaban de forma desproporcionada la privacidad.

La decisión quedó consignada en la Sentencia C-168 de 2026, fechada el 3 de junio. La Sala Plena revisó apartes de los artículos 5 y 12 de la Ley 2494 de 2025, norma que regula la elaboración, publicación y divulgación de encuestas electorales y de opinión política.

El fallo no eliminó la Ley 2494: retiró dos apartes específicos y mantuvo el marco de vigilancia y requisitos aplicables a las firmas encuestadoras.

Qué restricciones anuló la Corte

El primer aparte declarado inexequible establecía que las encuestas con preguntas relacionadas con intención de voto solo podían realizarse desde los tres meses anteriores al primer día de inscripción de candidatos. Para la Corte, esa restricción vulneraba el derecho a la información.

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Con el fallo, las firmas podrán hacer encuestas de intención de voto sin ese límite temporal. La decisión se refiere a la realización de esos estudios y no elimina las demás obligaciones legales sobre metodología, divulgación y control de las encuestas electorales.

La Corte señaló que la información derivada de estas mediciones se relaciona con la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a recibir información. Por eso concluyó que la prohibición temporal no superaba el juicio de proporcionalidad exigido para limitar ese derecho.

Los datos que el CNE ya no podrá exigir

La segunda parte de la decisión anuló dos exigencias de auditoría previstas en el artículo 12. Las encuestadoras ya no tendrán que entregar al CNE los números telefónicos de las personas consultadas ni, en las encuestas en hogares, el código computacional que permitía replicar la selección de las unidades muestrales.

Según la Corte, esos elementos podían comprometer la privacidad, la intimidad y el hábeas data de los participantes. El tribunal consideró que aportaban poco a la confiabilidad metodológica de las encuestas y que existen alternativas menos lesivas, como el uso de información anonimizada y los demás insumos técnicos que la ley ya exige.

“La inexequibilidad de la disposición acusada no deriva de una prohibición absoluta de acceso a datos personales para fines de auditoría”, precisó la Corte, sino de que no era necesario entregar información que pudiera individualizar a quienes respondieron.

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La ley sigue vigente

La decisión no deja sin regulación a las encuestas electorales. En otra revisión de la misma norma, la Corte mantuvo vigentes varias disposiciones sobre regulación, realización, vigilancia, publicación y divulgación de estos estudios, y dejó en firme lo resuelto previamente sobre los apartes del artículo 12 ya anulados.

El CNE conserva funciones de control sobre las encuestas, pero deberá ejercerlas sin exigir los datos y herramientas que la Corte retiró de la ley.

La sentencia completa puede consultarse en la Sentencia C-168 de 2026 de la Corte Constitucional. El alcance de las demás disposiciones revisadas en la Ley 2494 aparece en el comunicado de la Sentencia C-296 de 2026.

Redacción Colombia
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