Una oficina de enlace intercoreana destruida hace seis años volvió este miércoles al centro de la relación entre Seúl y Pyongyang. El tribunal de Seúl ordenó a Corea del Norte pagar 44.626 millones de wones —unos 32,5 millones de dólares— al Estado surcoreano por la demolición de ese edificio y de instalaciones anexas en Kaesong.
La resolución reconoce la demanda presentada por Corea del Sur en 2023 y constituye el primer fallo favorable en una acción estatal directa contra Pyongyang. Sin embargo, la decisión abre una diferencia decisiva entre declarar una indemnización a Corea del Sur y obtenerla: no hay una vía práctica conocida para obligar al Norte a cumplirla.
Una factura por el edificio que conectaba a las dos Coreas
La oficina de enlace intercoreana abrió en septiembre de 2018 dentro del complejo industrial de Kaesong, tras la Declaración de Panmunjom. El espacio funcionaba como un canal de contactos y cooperación en un momento de distensión entre ambos gobiernos, según KBS World.
Corea del Norte la demolió con explosivos en junio de 2020, después de criticar las actividades de grupos de desertores que enviaban folletos contra Pyongyang desde el Sur. La demanda cuantificó los daños en 10.250 millones de wones por la oficina y 34.450 millones por el centro de apoyo y otras estructuras cercanas, detalló Aju Press.
El edificio estaba en territorio norcoreano, pero se había financiado con recursos surcoreanos. Esa condición llevó al Gobierno de Seúl a presentar la demanda en junio de 2023, antes de que venciera el plazo para reclamar los daños. El proceso avanzó sin representación de Pyongyang, después de que resultara difícil notificarle los documentos judiciales.
Qué decidió el tribunal y qué dejó pendiente
La Sala Civil 46 del tribunal de Seúl falló a favor del Gobierno surcoreano y aceptó prácticamente el monto que este reclamaba: 44.626.410.722 wones. Yonhap informó que es el primer juicio de este tipo iniciado directamente por el Estado surcoreano contra Corea del Norte.
La resolución judicial no equivale a un acuerdo entre los dos gobiernos ni reabre por sí misma los canales de diálogo. La agencia Associated Press señaló que el Ministerio de Unificación de Corea del Sur dijo respetar la decisión y pidió retomar la diplomacia intercoreana.
Ahí aparece el límite de la sentencia: la indemnización a Corea del Sur no cuenta con un mecanismo que permita a Seúl exigir el pago a Pyongyang. Las fuentes consultadas coinciden en que el fallo tiene peso jurídico y político, pero no identifica bienes norcoreanos ni una fórmula inmediata para ejecutar el cobro.
Por qué el pago sigue fuera de alcance
El tribunal de Seúl puede establecer la responsabilidad y fijar una suma, pero Corea del Norte no participa en la jurisdicción surcoreana como un deudor ordinario. La ausencia de relaciones diplomáticas operativas y de mecanismos de cooperación judicial convierte la ejecución en un problema separado del veredicto.
La indemnización a Corea del Sur, por tanto, conserva el registro formal de los daños y evita que la reclamación desaparezca por el paso del tiempo. No confirma que el dinero vaya a entrar al presupuesto surcoreano ni permite anticipar cuándo podría ocurrir eso.
Para la oficina de enlace intercoreana, el fallo cierra una etapa procesal en Seúl pero no resuelve el conflicto que rodeó su destrucción. Pyongyang no había comentado de inmediato la resolución, mientras el Gobierno surcoreano volvió a vincular la salida de los asuntos pendientes con una eventual reanudación del diálogo.
