El plazo para enviar observaciones al borrador de decreto que ajustaría las reglas de actuación estatal ante las protestas en Colombia venció el domingo 4 de octubre. El texto, presentado por el Ministerio del Interior, plantea cambios en la intervención de la Policía y todavía no ha sido expedido, por lo que sus disposiciones no están vigentes.
La discusión se concentra en dos preguntas: qué cambiaría frente al protocolo actual y cuáles serían los controles sobre las decisiones operativas. Según la información publicada este lunes 5 de octubre por El País, el documento permitiría una intervención policial sin agotar necesariamente las etapas de diálogo y mediación previstas en el marco vigente.
El cierre de comentarios no convierte el borrador en norma: el Gobierno debe definir si expide el texto, lo modifica o desiste de la iniciativa.
Qué propone el borrador sobre protestas
El cambio central reportado es el ajuste al Decreto 003 de 2021, que establece medidas de coordinación para garantizar la protesta pacífica. La propuesta ha despertado cuestionamientos porque modificaría el orden de las actuaciones en escenarios de movilización, con una mayor capacidad de respuesta para la Policía antes de que se agoten las instancias de diálogo.
El documento también contemplaría bitácoras para dejar registro de las órdenes impartidas durante cada intervención y de las decisiones tomadas en los Puestos de Mando Unificado. Ese mecanismo, de acuerdo con la información conocida, busca dejar trazabilidad de la actuación de las autoridades.
La trazabilidad de las órdenes sería uno de los principales controles previstos para revisar posteriormente las intervenciones de la Policía.
Las críticas y el punto pendiente
El Pacto Histórico cuestionó el proyecto y sostuvo que podría permitir la intervención de la Policía sin completar las etapas de diálogo y mediación. En una publicación del 1 de octubre, el movimiento afirmó que la iniciativa pone la protesta bajo una vigilancia más estricta y pidió preservar las garantías para la movilización social. La posición fue divulgada por la organización política en su portal oficial.
El debate ocurre mientras el Gobierno ha puesto la seguridad y el control territorial en el centro de su agenda. La discusión jurídica y política, sin embargo, dependerá del texto final que se expida y de si incorpora cambios tras los comentarios recibidos hasta el 4 de octubre.
Por ahora, no hay un nuevo decreto vigente: la norma aplicable seguirá siendo la actual hasta que se publique una decisión formal.
Qué sigue
Tras el cierre del proceso de participación, corresponde al Ejecutivo evaluar las observaciones y definir la versión definitiva. Si el decreto es firmado y publicado, podrá ser examinado por organizaciones sociales, autoridades locales y órganos de control, especialmente por sus efectos sobre el derecho a la protesta y los límites de la intervención policial.
La controversia se suma a una agenda nacional marcada por debates de seguridad y orden público. En su balance de noticias del 5 de octubre, La FM incluyó el proyecto entre los asuntos políticos de la jornada, mientras que Caracol Radio reportó nuevos anuncios oficiales relacionados con la estructura de seguridad en distintas regiones.
