La discusión sobre una posible asamblea constituyente volvió al centro del debate político colombiano. No por la idea de reformar la Constitución en sí misma, sino por el momento de un año electoral. En un país con tensiones electorales recurrentes, el calendario no es un detalle menor: es parte del problema.
Negar cualquier cambio constitucional puede sonar cómodo, pero también simplista. Existen áreas —como la justicia o el ordenamiento territorial— que muestran signos evidentes de crisis. La pregunta de fondo no es si la Constitución puede reformarse, sino cómo y cuándo hacerlo sin convertirla en un arma de confrontación política.
En ese cruce aparece una advertencia clara: una asamblea constituyente puede ser factible, pero no debería tramitarse en año electoral, incluso si se presenta como necesaria.
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El riesgo de mezclar reforma constitucional y campaña en año electoral
Una reforma constitucional en pleno ciclo electoral tiende a contaminarse de lógica proselitista. En ese escenario, los argumentos jurídicos pierden peso frente a los cálculos políticos y la Constitución deja de ser un pacto común para convertirse en bandera de campaña.
El problema no es solo de percepción. Cuando una constituyente coincide con elecciones, se debilita la confianza en que sus decisiones respondan al interés general y no a la urgencia de ganar votos o consolidar mayorías coyunturales.
Por eso, la advertencia no apunta a cerrar el debate constitucional, sino a protegerlo del ruido electoral.
Reforma sí, pero no como arma política
Plantear que la Constitución “no se toca” ignora que varios de sus desarrollos han entrado en crisis. La justicia, el ordenamiento territorial y la capacidad del Estado para responder a nuevas realidades sociales son ejemplos recurrentes en el debate.
Sin embargo, reconocer la necesidad de ajustes no implica aceptar cualquier vía. Una reforma constitucional exige acuerdos previos, reglas claras y un ambiente político que favorezca el consenso, no la polarización.
La experiencia de 1991 suele citarse precisamente por eso: antes de la asamblea hubo acuerdo político y social, no improvisación electoral.
Un cronograma para evitar el cruce electoral
Desde el Gobierno se ha planteado que una eventual asamblea constituyente no coincidiría con las elecciones. El cronograma propuesto incluye la recolección de firmas, la discusión en un nuevo Congreso elegido y la revisión por parte de la Corte Constitucional.
Bajo ese esquema, ni la convocatoria, ni la elección de constituyentes, ni el funcionamiento de la asamblea ocurrirían durante el actual proceso electoral. La intención declarada es separar la reforma constitucional del calendario de campaña.
Sin embargo, el solo anuncio de una asamblea constituyente en un año electoral introduce un riesgo difícil de ignorar. Aunque sus etapas formales se proyecten después de las elecciones, la promesa de una constituyente puede terminar influyendo en la campaña, contaminando el debate público y convirtiéndose en un recurso político en plena disputa por el poder.
El problema, entonces, no es únicamente la fecha en la que sesione una eventual asamblea, sino el uso del tema constitucional cuando el país ya está en clima electoral. Una constituyente no debería operar —ni siquiera en el discurso— como herramienta de campaña.
Ese diseño busca responder precisamente a la crítica central: una constituyente puede discutirse, pero no mientras el país esté votando.
El fondo del debate sigue abierto
El verdadero punto de tensión no es la viabilidad jurídica de una asamblea constituyente, sino su legitimidad política. Separarla del año electoral es una condición necesaria para que el debate no se perciba como un atajo de poder.
Reforma sí, pero no así. No como truco electoral ni como herramienta de presión política. El desafío está en reconocer la necesidad de cambio sin debilitar el pacto constitucional que se pretende actualizar.
