Una advertencia que vuelve a encender las alarmas
La Contraloría General de la República emitió un control de advertencia sobre la implementación del nuevo modelo para la expedición de pasaportes y otros documentos de viaje en Colombia. El pronunciamiento pone el foco en riesgos financieros, operativos y de sostenibilidad que podrían afectar tanto la continuidad del servicio como los recursos públicos destinados a su operación.
El análisis se basa en la revisión de los contratos vigentes y de los acuerdos que buscan dar paso al nuevo esquema, en el marco del Convenio de Cooperación Internacional 010 de 2025. Según el organismo de control, las alertas no se concentran en un solo punto, sino en un conjunto de factores que, combinados, elevan el nivel de incertidumbre del modelo.
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En otras palabras, el problema no está únicamente en cómo se producirán los pasaportes, sino en cómo se financiará y sostendrá el sistema en el tiempo.
Costos sin cerrar y presión sobre las finanzas públicas
Uno de los principales cuestionamientos de la Contraloría apunta a la ausencia de una proyección completa de costos por vigencia. Esta falta de estimación impide identificar con claridad los compromisos financieros anuales y evaluar si las fuentes de financiación previstas son suficientes para cubrirlos.
El informe advierte que el Convenio 010 de 2025 no define los valores que el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá pagar por la personalización de los documentos, a pesar de que existen herramientas técnicas para proyectarlos. Esta omisión deja abierto el escenario a incrementos no previstos que podrían obligar a ajustes presupuestales posteriores.
Dicho de otro modo, si el valor final del servicio supera lo esperado, el Estado tendría que buscar recursos adicionales, presionando el presupuesto del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Cambios operativos y riesgos no cubiertos
La Contraloría también señala modificaciones relevantes frente al modelo anterior. Entre ellas, el paso de un esquema de producción ajustado a la demanda a uno que establece cantidades mínimas anuales, sin considerar la dinámica real de solicitudes de pasaportes. Esta rigidez podría generar sobrecostos o desabastecimientos, dependiendo del comportamiento de la demanda.
A esto se suma la falta de garantías para el suministro adicional de libretas en caso de requerirse volúmenes superiores a los pactados, así como el riesgo cambiario derivado de la valoración de los documentos en euros. Según el organismo de control, este riesgo recaería directamente sobre el Estado colombiano, sin que exista evidencia de estudios de cobertura.
En el trasfondo, el informe advierte que varios costos que antes estaban incluidos —como transporte, impuestos o intereses— ahora aparecen separados o no contemplados, lo que dificulta tener una visión financiera integral del nuevo modelo.
Plazos en duda y sostenibilidad del servicio
Más allá de los números, la Contraloría alerta sobre retrasos e indefiniciones en la ejecución del convenio, así como el incumplimiento de plazos clave para la puesta en marcha del nuevo esquema. Estas demoras no solo comprometen la implementación, sino que podrían derivar en sanciones económicas y afectar la prestación continua del servicio.
La advertencia concluye instando al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y a las entidades involucradas a evaluar medidas que eviten una afectación negativa al patrimonio público. El llamado no ordena acciones específicas, pero deja claro que los riesgos identificados son inminentes.
