La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a 18 antiguos integrantes de la Fuerza Pública a reconocer responsabilidad por violencias basadas en género cometidas contra población civil durante el conflicto armado. La decisión cobija a 16 exintegrantes del Ejército y a dos de la Policía.
La Sala de Reconocimiento los vinculó por crímenes de guerra y de lesa humanidad que incluyen asesinato y homicidio, tortura, desaparición forzada, esclavitud sexual, violación y otras formas de violencia sexual de gravedad comparable. También incluyó persecución por motivos de género y políticos, traslado forzoso, desplazamiento, tratos crueles y otros actos inhumanos.
Según la JEP, los hechos investigados fueron cometidos directamente por integrantes de la Fuerza Pública o en alianza con grupos paramilitares.
Dos patrones bajo investigación de la JEP
La decisión reúne hechos examinados en el Subcaso 2 del Caso 11, sobre violencias basadas en género, sexual y reproductiva cometidas en el marco del conflicto, y en el Caso 08, que investiga crímenes atribuidos a agentes del Estado en asociación con estructuras paramilitares y terceros civiles.
La JEP señaló que, a partir de los relatos y observaciones de las víctimas, estableció que la violencia de género afectó la autonomía de las personas para decidir sobre su cuerpo, su sexualidad y su reproducción. La jurisdicción añadió que estas conductas restringieron la expresión de identidades, la participación y el trabajo de las víctimas, además de alterar vínculos familiares y comunitarios.
Responsabilidad por acción y por omisión
Entre los llamados hay cuatro antiguos integrantes de la Fuerza Pública señalados como autores por omisión: un brigadier general, un coronel y un mayor del Ejército, además de un capitán de la Policía, de acuerdo con la información divulgada sobre la decisión. Otros comparecientes fueron convocados como coautores por su presunta contribución a alianzas con paramilitares o a operaciones en las que ocurrieron las violencias.
La Sala de Reconocimiento pidió a los 18 comparecientes reconocer o controvertir la responsabilidad que les atribuye. El llamado de la JEP no equivale a una sentencia: abre una etapa en la que los comparecientes deben pronunciarse sobre los hechos y las calificaciones jurídicas expuestas por la jurisdicción.
La determinación pone en el centro las violencias basadas en género contra civiles y la posible responsabilidad de antiguos agentes estatales por conductas cometidas durante el conflicto armado.
