El Gobierno ordenó la militarización de Santa Marta y el refuerzo de la seguridad tras hechos de alteración del orden público, entre ellos quema de vehículos, intimidaciones a comercios y bloqueos atribuidos por las autoridades a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. La decisión se conoció este miércoles 23 de septiembre, según reportes de medios nacionales.
La escalada ocurre después de una operación en Guachaca, zona rural de Santa Marta, que dejó siete integrantes de esa estructura muertos, incluido un hombre conocido con el alias de “Cholo”, señalado como su segundo cabecilla y responsable financiero. Esa relación entre la operación y las acciones posteriores ha sido presentada por fuentes oficiales y medios como una retaliación del grupo armado; la información disponible no detalla todavía el balance consolidado de afectaciones en la ciudad.
El refuerzo de la Fuerza Pública busca contener las intimidaciones y restablecer la movilidad en los sectores afectados de Santa Marta.
¿Qué medidas fueron anunciadas?
El presidente Abelardo de la Espriella encabezó un consejo de seguridad y ordenó el despliegue de 1.100 integrantes de la Policía y el Ejército, incluidas unidades de Fuerzas Especiales Urbanas, de acuerdo con Infobae. La misma información señala que autoridades locales respaldaron el aumento del pie de fuerza y la reapertura de la Troncal del Caribe.
Noticias RCN reportó que los actos de presión criminal fueron atribuidos a retaliaciones por operaciones militares y de Policía contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. La prioridad inmediata es mantener presencia operativa en los puntos donde se reportaron amenazas y ataques.
El origen de la crisis de seguridad
Según la información divulgada por La FM, la respuesta estatal se adoptó luego de hechos de quema de vehículos e intimidaciones comerciales que afectaron a Santa Marta. El medio indicó que el Gobierno vinculó esos hechos con la baja de alias “Cholo”.
La operación de Guachaca, realizada el 21 de septiembre, dejó siete muertos de la estructura ilegal, incluido ese presunto cabecilla, según el reporte de Infobae. El Gobierno sostiene que continuará las operaciones contra los máximos mandos del grupo.
Lo que falta por establecer
Las informaciones conocidas hasta la mañana de este 23 de septiembre no precisan un número definitivo de vehículos afectados, comercios intimididos ni eventuales capturas relacionadas con los hechos. Tampoco se ha divulgado un balance oficial consolidado sobre la duración de los bloqueos o el impacto económico de la situación.
Las autoridades mantienen la ofensiva en Santa Marta mientras se espera un balance oficial más detallado sobre daños, capturas y normalización de la movilidad.
El episodio vuelve a poner la seguridad de Santa Marta en el centro de la agenda nacional, mientras las autoridades buscan evitar que la presión armada se extienda a otros corredores del Magdalena.
