La Fiscalía capturó a cuatro policías vinculados a la muerte de Donovan Balanta Paz, un hombre de 34 años que falleció después de un procedimiento ocurrido el 20 de septiembre en Soacha. El caso vuelve a poner bajo escrutinio el uso de la fuerza durante las detenciones y la obligación de auxiliar a una persona bajo custodia.
Según la información conocida este lunes, las capturas hacen parte de una investigación que también cobija a otros uniformados que participaron en el procedimiento. Los siete policías involucrados fueron separados de sus funciones mientras avanzan las actuaciones judiciales.
La información publicada por El País, basada en lo expuesto por la Fiscalía, indica que los capturados son investigados por presunto uso desproporcionado de la fuerza, abuso de autoridad y omisión de socorro.
Qué ocurrió durante el procedimiento
Balanta fue reducido por un grupo de uniformados y luego trasladado a una estación de Policía, de acuerdo con videos grabados por personas que estaban en el lugar y con los elementos reseñados en la investigación. La Fiscalía ha señalado que la víctima presentaba lesiones y quemaduras en el cuerpo.
Después fue llevado al Hospital Cardiovascular del Niño de Soacha, al que ingresó sin signos vitales. La investigación deberá establecer la responsabilidad individual de cada agente, las circunstancias de la detención y la respuesta posterior ante el estado de salud de Balanta.
Qué sigue en el proceso judicial
Además de los cuatro detenidos, la Fiscalía tenía pendiente la captura de un quinto patrullero y mantenía abiertas las indagaciones sobre la actuación de otros dos agentes, según el reporte periodístico. El abogado de la familia de Balanta anticipó que buscará que en audiencia se imputen también los delitos de homicidio y tortura; esa eventual imputación deberá ser definida en sede judicial.
Por ahora, las capturas no equivalen a una condena. La Fiscalía tendrá que sustentar ante un juez los elementos que relacionan a los policías con los hechos, mientras la defensa podrá controvertirlos. El caso en Soacha se perfila así como una prueba concreta para los controles sobre la actuación policial y la atención a personas detenidas.
