Una operación interinstitucional desarticuló una organización criminal transnacional señalada de obtener de forma fraudulenta identidades colombianas para actividades de tráfico de migrantes, informó este lunes 21 de septiembre la Registraduría Nacional.
Según la entidad, el trabajo involucró a la Fiscalía, la Dijín de la Policía, Migración Colombia y el Servicio de Seguridad Diplomática de la Embajada de Estados Unidos. La información divulgada no precisa el número de personas capturadas ni el alcance económico de la estructura.
¿Qué investigan las autoridades?
La Registraduría señaló que la red es investigada por presuntamente conseguir documentos e identidades colombianas de manera irregular, una práctica que habría facilitado el tráfico de migrantes y el concierto para delinquir.
La actuación conjunta apunta a una presunta red transnacional que utilizaba la obtención fraudulenta de identidades colombianas.
La entidad no divulgó, por ahora, detalles sobre los mecanismos empleados para el fraude, las rutas migratorias que estarían bajo investigación ni la identidad de los presuntos integrantes de la organización. Esos elementos dependerán de los avances procesales de la Fiscalía.
Coordinación entre entidades
La operación articuló capacidades de verificación documental, investigación criminal y control migratorio. Para la Registraduría, el caso hace parte de las acciones destinadas a proteger la integridad de la identificación ciudadana y prevenir que los registros sean usados con fines delictivos.
La investigación vinculó a autoridades de identificación, investigación penal, Policía, Migración Colombia y cooperación diplomática de Estados Unidos.
El registrador nacional, Hernán Penagos, afirmó en el comunicado que la institución trabaja para mantener la confianza ciudadana en sus procesos. La investigación continúa y las autoridades no han informado sobre imputaciones, medidas judiciales ni nuevas capturas relacionadas con el caso.
El uso fraudulento de identidades puede dificultar los controles sobre migrantes y ampliar los riesgos asociados al tráfico de personas, por lo que el caso deberá ser definido en sede judicial.
