La JEP volvió al centro del debate político después de que el presidente Abelardo De la Espriella cuestionara al tribunal y afirmara que alias Iván Mordisco y el exjefe de las Farc Rodrigo Londoño son “igual de mafiosos”. La declaración se produjo en medio de una controversia sobre los recursos y la vigencia de la jurisdicción creada por el acuerdo de paz.
El pronunciamiento instala una discusión concreta: qué alcance debe tener la JEP en la etapa actual de implementación del acuerdo y cómo se tramitarán las diferencias entre el Gobierno y una institución judicial transicional. La controversia también ocurre mientras sectores políticos discuten la financiación y el papel futuro del tribunal.
La información fue reportada por El Espectador, que señaló que las palabras del mandatario abrieron un nuevo capítulo de debate alrededor de la JEP.
Una frase que tensiona el debate sobre justicia transicional
De la Espriella equiparó a Iván Mordisco, jefe de una estructura disidente de las antiguas Farc, con Rodrigo Londoño, excomandante de esa guerrilla y firmante del acuerdo de 2016. La frase plantea un cuestionamiento político directo a la distinción entre quienes continuaron en armas tras el acuerdo y quienes se acogieron al sistema de justicia transicional.
La JEP fue creada para investigar, juzgar y sancionar los hechos más graves relacionados con el conflicto armado, bajo un modelo que combina aportes de verdad, reparación a las víctimas y compromisos de no repetición. Su funcionamiento está ligado al acuerdo de paz firmado en 2016.
Qué está en discusión
El debate se concentra en dos asuntos: los recursos con los que opera la JEP y la continuidad de sus funciones. No se conocieron, en la información disponible, decisiones administrativas o legislativas concretas que modifiquen de inmediato las competencias del tribunal.
Las declaraciones de De la Espriella, sin embargo, suman presión política sobre una institución que sigue siendo uno de los ejes de la implementación de la paz. El punto verificable es que la discusión volvió a cruzar el discurso presidencial, el tratamiento judicial de excombatientes y la posición del Estado frente a las disidencias que permanecen armadas.
