Mientras las movilizaciones del 14 de octubre avanzaban en varias ciudades, la discusión sobre la protesta también se trasladó a los tribunales. Congresistas de oposición presentaron demandas ante el Consejo de Estado contra el Decreto 1525, expedido por el Gobierno para fijar reglas de actuación de la fuerza pública durante las manifestaciones.
Los senadores Alejandro Ocampo y Jennifer Pedraza, junto con la representante Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis, cuestionaron la norma firmada el martes 13 de octubre por el presidente Abelardo de la Espriella. La acción judicial abre una revisión sobre el alcance del decreto y sus efectos en el derecho a la protesta.
La controversia coincide con la primera gran jornada nacional de movilizaciones contra el actual Gobierno. En Bogotá, cuatro marchas partieron hacia la Plaza de Bolívar y, durante las primeras horas, transcurrieron sin incidentes reportados, según EFE.
Qué cuestionan los demandantes
La demanda se dirige contra el Decreto 1525 de 2026, que modifica los protocolos para la intervención de la fuerza pública en movilizaciones sociales. De acuerdo con Caracol Radio, los congresistas sostienen que la regulación de asuntos ligados al ejercicio de derechos fundamentales debe pasar por el Congreso mediante una ley estatutaria.
El caso pone bajo examen judicial las reglas estrenadas por el Ejecutivo justo en una jornada de protestas convocada por sectores sindicales, estudiantiles, indígenas y políticos de oposición.
La senadora Pedraza informó además que llevaría el asunto al Consejo de Estado. El recurso no decide por sí mismo la validez del Decreto 1525: esa corporación deberá estudiar los argumentos presentados y determinar si admite las demandas y qué decisiones proceden dentro del proceso.
El decreto, en el centro de la jornada
El Gobierno expidió la norma en vísperas de las movilizaciones y defendió una línea que reconoce la protesta pacífica, pero rechaza la violencia, el vandalismo y los bloqueos. Ese enfoque fue uno de los puntos que alimentó la convocatoria de este miércoles, junto con reclamos laborales, educativos, económicos y territoriales.
Según el seguimiento de El Universal, la acción contra el Decreto 1525 se convirtió en uno de los frentes institucionales de la jornada. Así, el debate por la protesta queda abierto en dos escenarios: las calles y el Consejo de Estado.
El trámite judicial pondrá el foco en una pregunta concreta: si el Gobierno podía establecer esas reglas mediante decreto o si, como alegan los demandantes, el tema requería una ley aprobada por el Congreso.
